El pasado domingo (20 de febrero), para cumplir las promesas que diferentes ministros hicieron durante la semana pasada, el presidente de la República realizó una locución en la que señaló que se había suscrito la Resolución 227 de 2022.

 

¿Pero por qué una locución para lanzar una resolución, si ni siquiera la suscribe el primer mandatario? La importancia de este acto administrativo radica en que reglamenta al Decreto 811 de 2021 en relación con licencias, cupos y autorizaciones para el acceso al cannabis.

 

Además, era de importancia esta resolución porque se estaba esperando desde el 23 de octubre de 2021, fecha límite que puso el Decreto 811 de 2021 para que fuera expedida.  Este documento trae consigo diversos temas, pero se debe poner especial atención en los fines industriales y los mecanismos de protección a pequeños y medianos cultivadores.

 

 

LO BUENO

 

Si algo se debe celebrar de esta reglamentación, es el Título sobre pequeños y medianos cultivadores de cannabis. Hubo un gran avance con respecto al derogado Decreto 613 de 2017.

 

El decreto derogado creó, como mecanismo de protección a pequeños y medianos cultivadores, la compra del 10 % del cupo de fabricación de derivados a transformar, es decir que si un licenciatario de fabricación de derivados pretendía obtener un cupo para transformar una cantidad de cannabis en extracto, tintura o resina, el 10 % del total del cupo de cannabis que se solicitaba transformar debía provenir de un pequeño y mediano cultivador. A su vez, la Resolución 0579  de 2017 definió al pequeño y mediano cultivador como la persona natural colombiana con menos de 0,5 hectáreas a cultivar.

 

Ahora bien, tanto la compra como mecanismo de protección, como la definición no funcionaron. Nadie le compró cannabis al pequeño y mediano cultivador porque no cumplía con los estándares de calidad ni las especificaciones necesarias; ni tampoco la definición por área funcionó, porque limitó de cierta forma los extensos cultivos de cáñamo.

 

Aunado a esto, solo asociaciones sin ánimo de lucro podían conformar esquemas asociativos, quedando por fuera los tipos societarios como las sociedades por acciones simplificadas (SAS) -figura bajo la cual se han otorgado más del 80 % de las licencias-, toda vez que conceptos de la Supersociedades y de Minjusticia le cerraron las puertas a las sociedades por perseguir fines distintos a los de esquemas asociativos de campesinos y personal agrícola.

 

Pero lo más grave de la legislación pasada era que en realidad no había ningún mecanismo de protección a pequeños y medianos de los que ordena la Ley 1787 de 2016. El Decreto 613 de 2017 ordenó una «transferencia de tecnología» pero no definió nunca qué significaba ello y consecuentemente no tuvo aplicación alguna el mandato.

 

Sin embargo, parece asomarse la luz al final del túnel. La nueva resolución define al pequeño y mediano cultivador según sus ingresos, al igual que lo hace el sector Agricultura (Resolución 7 de 2021),  como la persona natural (o esquema asociativo de personas naturales) que cuente con ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 unidades de valor tributario (UVT) (hoy una UVT equivale a 38.004), esto es, por debajo de 133.014.000 pesos; y, además, que sus activos totales no superen 11.250 UVT, equivalentes a 427.545.000 pesos.

 

La limitación a sociedades comerciales también se acabó. Ahora cualquier asociación o sociedad, tenga o no ánimo de lucro, puede solicitar licencia en calidad de esquema asociativo de pequeños y medianos cultivadores (siempre que cada miembro cumpla con los requisitos de activos e ingresos). Un efecto positivo, en la medida que las sociedades tienen a nivel internacional mayor credibilidad que las asociaciones, por lo que esto redundará en una mayor inyección de capitales para el pequeño y mediano cultivador.

 

Pero lo más importante, además de que permaneció la compra del 10 % del cannabis a transformar (psicoactivo o no psicoactivo), es que el Gobierno aclaró qué se debe entender por extensión rural -término que, según la literatura académica, reemplazó al de «transferencia de tecnología»- y definió a través de qué actividades se entiende cumplida esta.

 

Para que el gran cultivador cumpla con su tarea de realizarle extensión rural al pequeño y mediano, y el licenciatario de fabricación de derivados cumpla con adquirir el porcentaje de cannabis se les hará seguimiento con el reporte general de actividades y al momento de solicitar cupos y, de llegar a incumplir, se les podría cancelar la licencia. Sin duda con estos métodos la extensión rural podrá verse materializada.

 

Por otro extremo, los fines industriales que venían permitidos desde el Decreto 613 de 2017, pero vetados por el Ministerio de Salud para la industria alimenticia, fueron redefinidos y habilitados específicamente para el mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, suplementos dietarios y alimentos, partiendo del componente vegetal y de derivados no psicoactivos. Esto pone a Colombia al nivel competitivo de otros países que ya generan diversos ingresos con productos alimenticios.

 

Ojo, la habilitación se da para la producción a partir de componente vegetal (hojas, tallos y raíces), grano y derivados no psicoactivos, en ningún caso de flor, como algunos medios han desinformado.

 

De momento estos productos podrán contener tetrahidrocannabinol (THC) en concentraciones inferiores al 0,2 %, que corresponde al límite de fiscalización fijado por el Ministerio de Salud y Protección Social; igualmente, podrán tener cualquier contenido de cannabigerol (CBG), cannabinol (CBN), cannabicromeno (CBC), cannabiciclol (CBL) y cualquier otro cannabinoide diferente al cannabidiol (CBD). A partir del sector alimenticio, Colombia ingresará a competir en este gran mercado que solo en Estados Unidos proyecta ventas de más de 4 billones de dólares.

 

 

LO MALO

 

Pese a lo antes dicho, no todo va viento en popa. El hecho de que se haya redefinido a los pequeños y medianos cultivadores deja algunos temores. Debido a que se fijaron límites de ingresos brutos anuales hasta por 3.500 UVT (133.014.000 pesos en 2022) y activos totales inferiores a 11.250 UVT  (427.545.000 pesos en 2022), este amplio rango puede generar que personas naturales y jurídicas que ya poseen licencia y encuadran dentro de los ingresos y activos soliciten ser incluidos en el Listado de Pequeños y Medianos Cultivadores, Productores y Comercializadores de Cannabis, para logar acceder a los beneficios que se crearon a favor de este grupo poblacional.

 

Ahora bien, si de los 2.244 licenciatarios de cultivo más de la mitad alcanza a cumplir los requisitos para ser pequeño y mediano cultivador se desequilibrará el mercado, porque serán menos los grandes cultivadores que tendrían la obligación de realizar la extensión rural, por lo que posiblemente no todos los pequeños y medianos se verían beneficiados de ello (hoy el número de pequeños y medianos no supera 50).

 

Sumado a lo anterior, si tan solo un tercio de licenciatarios de cultivo acreditan los requisitos para ser pequeños y medianos, y solicitan inscripción en el Listado, este grupo se vería afectado porque el número total de licenciatarios de fabricación de derivados que deben adquirir el 10 % del total del cannabis a transformar será inferior al número de pequeños y medianos cultivadores, por lo que  varios de estos últimos no se cobijarán con el beneficio.

 

Quizá el criterio de definición que se plasmó en el proyecto de resolución que salió a comentarios -que finalmente no salió-, donde los pequeños y medianos cultivadores serían quienes tuvieren activos inferiores a 284 salarios mínimos legales mensuales vigentes (284.000.000 de pesos a 2022, un tope menor), lo que se acompasaba con la derogada Resolución 4 de 2021 de Minagricultura, hubiese minimizado un poco más la problemática que se podría avecinar, ya que reduciría el campo de aquellos que pudiesen acreditar que no superan esos activos, impidiendo que la población de pequeños y medianos cultivadores se vuelva superior a la de grandes cultivadores y a la de licenciatarios de fabricación de derivados.

 

En conjunto con lo precedente, se optó por la mezcla de conceptos para definir al pequeño y mediano cultivador de cannabis. En la Resolución 7 de 2021 Minagricultura se contemplaron, entre otras, las siguientes categorías:

 

  • Pequeño productor de bajos ingresos: Aquel con ingresos brutos anuales de hasta 1.250 UVT y activos totales inferiores a 11.250 UVT; y

 

  • Pequeño productor: Aquel con ingresos brutos anuales entre 1.250 y 3.500 UVT y activos totales inferiores a 11.250 UVT.

 

Ahora, para la regulación de cannabis se creó una única categoría de pequeño y mediano cultivador tomando el tope de ingresos brutos anuales de 3.500 UVT del pequeño productor, mezclado con los activos totales del pequeño productor de bajos ingresos de 11.250 UVT. Las motivaciones de esta decisión se desconocen.

 

Asimismo, no resulta claro, como sí lo expresa la Resolución 7 de 2021, si el valor de la tierra se computará dentro de los activos totales para aquellos beneficiarios de la reforma agraria; así como tampoco se determina el rango de años que se evaluarán para analizar que no se excede el tope de ingresos brutos anuales.

 

 

 

 

LO FEO

 

El cannabinoide más utilizado a nivel mundial en la industria alimenticia es el CBD; no obstante, si bien se reglamentó el tema de alimentos, bebidas y suplementos dietarios, el CBD no podrá ser empleado en estos productos (en el mercado nacional) hasta tanto el Ministerio de Salud no expida un reglamento donde delimiten los porcentajes o concentraciones en que se podrá utilizar; y aunque se pueden elaborar alimentos, bebidas y suplementos con los otros cannabinoides, los desarrollos se concentran en el CBD.

 

Resulta inaudito que por temas de salud pública se haya optado por enviar las concentraciones de CBD a un reglamento técnico, cuando existe evidencia sobre sus efectos, pero que sobre los otros cannabinoides se permita un uso sin limitaciones, inclusive de aquellos sobre los cuales no existe ningún tipo de evidencia sobre su consumo, y de otros, como el THC, sobre los que existe evidencia concluyente sobre sus efectos psicodislépticos y psicotomiméticos.

 

Entrando de paso por el terreno del comercio exterior, y para cerrar, la posibilidad de exportar cannabis bajo la modalidad de fabricación de derivados en las licencias de cultivo de plantas de cannabis, siempre que se solicite la inclusión de la modalidad de exportación, está cercenada mientras no se expida la resolución de comercio exterior, comoquiera que según el artículo 2.8.11.6.8. sustituido por el Decreto 811 de 2021 al Decreto 780 de 2016:

 

[…]

Los fines permitidos en los términos de la Ley 1787 de 2016, requisitos y demás aspectos necesarios para la exportación de cannabis al resto del mundo desde el territorio aduanero nacional o desde zonas francas serán definidos en la regulación conjunta que expidan los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho y Salud y Protección Social. Mientras se expida la mencionada regulación, la exportación de cannabis al resto del mundo desde el territorio aduanero nacional o desde zonas francas solo se permitirá para fines científicos.

[…]

 

Así, mientras no se emita la reglamentación específica de comercio exterior, solo podrá exportarse cannabis con fines científicos, haciendo la salvedad que la inclusión de la modalidad puede ir adelantándose desde ya.

 

Postdata: son muchos más los aspectos positivos que negativos por lo que resalta la Resolución 227 de 2022; sobre esos aspectos no tan buenos aún se está a tiempo de tomar medidas correctivas.Portal noticias cannabis Colombia