En el órgano legislativo se gestan los principales instrumentos normativos acerca del uso o restricción de estupefacientes, pues allí se conciben las leyes y actos legislativos (que modifican la Constitución Política).

 

Aunque el Gobierno nacional tenga un amplio margen de acción este se ve limitado, comoquiera que sus actos administrativos deben ir en concordancia con actos relacionados de superior jerarquía, las leyes y la Carta Política (la cual hoy prohíbe el uso de estupefacientes y psicotrópicos sin prescripción médica).

 

Reviste aún más importancia el actuar del Congreso de la República, dado que al legislar solo debe respetar la Carta Magna y, sobre regulación de drogas, poco o nada le afectan las políticas prohibicionistas de los gobiernos de turno.

 

Fue en el Congreso donde surgió la Ley 1787 de 2016, que habilitó el uso médico y científico del cannabis en nuestro país; mismo lugar donde se dio la iniciativa sobre el uso industrial y comercial del cáñamo (PL 248 de 2020) que fue aprobada el pasado diciembre de 2021 y se encuentra pendiente de sanción presidencial; y también donde se han radicado proyectos tanto de ley como de acto legislativo para permitir el uso libre del cannabis.

 

Una legalización de las drogas solo será posible en Colombia cuando exista un cambio generacional en la Rama Legislativa, es decir, cuando los vejestorios de doble moral salgan del poder e ingresen mentes jóvenes con menores prejuicios, que acojan la voluntad popular y respeten el Contrato Social. Allí iniciará el verdadero cambio.

 

Esta mudanza no se dará de un solo golpe. Requerirá de varios lustros. No obstante, en estas nuevas elecciones empezará ese periodo de transformación en la mentalidad del legislador, siendo más abierto a debates como el del cannabis de uso libre y su conexión directa con el libre desarrollo de la personalidad. Así las cosas, es necesario tener claridad sobre aquellos candidatos que en el pasado han apoyado a la industria del cannabis o que pretenden apoyarla a futuro.

 

Horacio Serpa, quien logró pasar todos los debates con su proyecto de uso industrial del cáñamo al que solo le falta la sanción presidencial; Juan Losada y Reyes Curi, quienes radicaron un proyecto de acto legislativo para el uso libre del cannabis; así como Iván Marulanda, que tuvo la misma intención para permitir que se usara el cannabis para fines no médicos, son personajes de la política que el sector del cannabis debe tener en la mira.

 

Aunado a ellos, con la diferencia de que actualmente no posee una curul, se ubica Indalecio Dangond aspirando al Senado, un conocedor del sector agroindustrial y de créditos para pequeños y medianos cultivadores y productores, que promete dar un espaldarazo a la industria del cannabis.

 

No pretendo aquí que se vote por el uno o por el otro, no es de mi interés apoyar a ninguno. Lo que sí busco es que la industria sea consciente de quienes están abogando o pretenden abogar por ella. Ya no se necesitan más licencias de cannabis medicinal ni normas adicionales sobre el mismo asunto. Regulatoriamente, en relación con el uso médico, científico e industrial del cannabis, todo está dicho.

 

Sin embargo, el nuevo reto de competitividad del país, en lo atinente al cannabis, se encuentra en el uso libre de este. Para logar este cometido la única vía es modificar el artículo 49 de la Constitución Política -que hoy limita el consumo de estupefacientes a fines médicos-, labor que solo puede llevar a cabo el Congreso de la República únicamente si cuenta con los agentes políticos que tomen el liderazgo sobre la materia.